Desde el triunfo del PP en las pasadas elecciones, muchos defensores de la vida han bajado la guardia pensando que la batalla estaba ganada. La realidad es bien distinta. Salvo ciertas declaraciones de intenciones, hasta ahora no se ha hecho nada positivo por defender el derecho a la vida. Es la crisis la que amenaza con arruinar a los centros abortistas al no abonar el estado, como ocurre con otros proveedores, la deuda contraída por los servicios prestados.
E. Gutiérrez. Nuestra ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha confirmado en el Congreso que no hay recortes si se habla de aborto. La sanidad pública “seguirá dando cobertura” a los supuestos “amparados legalmente” para la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, es la soberana intención del PP seguir pagando abortos a cargo de los presupuestos.
Mato ha dejado muy clara la posición habitual del PP en este tema cuando ha respondido a una cuestión de Carmen Montón, diputada socialista, que se planteaba en qué medida afectaría a la salud de las mujeres los "recortes" previstos por el Gobierno. En concreto, la diputada del PSOE se refería a los problemas que está teniendo Aragón para continuar financiando la cobertura pública del aborto, donde "el Gobierno autonómico del PP está asfixiando la prestación" y la Consejería de Sanidad adeuda a los centros acreditados para la interrupción del embarazo 800.000 euros.
Montón ha acusado al PP de aprovechar la crisis para aplicar "ajustes ideológicos", como la anunciada reforma de la Ley del Aborto. Cabe preguntarse, llegados a este punto, que entiende la diputada socialista por ideología. Porque el PP no se caracteriza precisamente por sus valores en la defensa de la vida humana, de lo que es evidente que carece completamente. A lo que, Ana Mato, ha respondido con una aplastante sinceridad cuando ha respondido que "No le dé vueltas usted a la ideología porque no tiene nada que ver".
Por otro lado, tenemos que la plataforma Derecho a Vivir ha calculado que el Estado se ahorraría unos 57,5 millones de euros si dejara de financiar los abortos. Por ello, la pregunta es si “¿Será capaz el Gobierno de poner ese dinero para un programa de ayuda integral a la maternidad, con especial atención a los casos de embarazos inesperados que pueden llevar a una situación de riesgo social a las madres?”.Desde que el PP llegó al poder, ha acumulado la nada desdeñable cifra de muerte de 40.500 vidas humanas. “A veces tenemos la sensación de que el Gobierno no quiere enfrentarse a la dura realidad: el aborto supone la muerte cruel y violenta de un ser humano. Ni cura ni previene una enfermedad, y por ello no puede ser reconocido como una prestación sanitaria”, indica Gádor Joya.Es maquiavélico y solo puede ser señal de una clara inconsciencia pensar que esa gran cantidad económica subvenciona la muerte de seres indefensos, mientras que no se cubren otras cuestiones de salud fundamentales, como puede ser una prótesis de cadera, por ejemplo. Existe el derecho a la maternidad, pero el derecho a abortar no existe. Nadie tiene derecho a disponer libremente de la vida de otra persona. No se tiene derecho a matar a alguien por ninguna razón ni por ninguna causa.
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