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domingo, 19 de diciembre de 2010

Ley del Aborto y Universidad

El comité de expertos que asesoró a la ministra Aído en la elaboración de la Ley del Aborto sabía muy bien lo que hacía. Se transformaría un delito despenalizado en un derecho, con lo que se crearía una demanda que debería ser subsanada por el estado. Paralelamente se promovería una “educación sexual desde la perspectiva de la ideología de género” en todos los ámbitos educativos. De esta forma se corrompería la conciencia de futuros clientes, que asumirían como algo natural la posibilidad de disponer de la vida de otro ser humano molesto.
Conseguidos la demanda y los clientes, faltaba otro elemento fundamental: la mano de obra. Efectivamente, la práctica del aborto ha tenido serias dificultades para encontrar ejecutores (o ejecutoras) mínimamente cualificados. Esto es así porque, contrariamente a lo que cuentan los políticos y partidarios de la cultura de la muerte, el personal sanitario (facultativo o de enfermería) sabe perfectamente que el objetivo de una mal llamada interrupción del embarazo es la muerte de un ser humano. En las facultades se enseña que desde que el óvulo materno se fecunda por un espermatozoide paterno la vida comienza, alcanzando diferentes grados de desarrollo hasta la muerte. En todo ese periodo el ser humano concebido tendrá una identidad única. Es por este conocimiento real por lo que el personal sanitario objeta a la hora de practicar abortos. No se trata de ideología ni de religión, sino de conocimiento y conciencia.
El conocimiento no se puede modificar, puesto que se basa en la realidad objetiva. Es en la conciencia donde, de nuevo, debían actuar los partidarios del aborto para garantizar el éxito de su plan. Para ello los grupos más radicales (Izquierda Unida y Ezquerra Republicana) introdujeron el artículo 8 por el que “la formación de los profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género…incluyendo la investigación y la formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria de embarazo”. Al estar en el temario de sus estudios, los futuros sanitarios asumirían el aborto como algo normal. Y mientras esto se lograra a medio plazo, se limitaría al máximo la objeción de conciencia del personal actual.
Aunque algunas universidades católicas, como la de Navarra o el CEU, ya han anunciado que no acatarán la ley, en los medios docentes impera, según D. Rafael Solana, Decano de la Facultad Medicina de Córdoba, un sentimiento de indiferencia. Esto se debe a que en la mayoría de las facultades españolas ya se explican, dentro de la asignatura Ginecología y Obstetricia, los fundamentos teóricos para finalizar un embarazo, aunque solo sea para atender sus posibles complicaciones. Otra cosa es la enseñanza práctica. En la actualidad ésta resulta imposible, puesto que en los hospitales universitarios se aborta en número ínfimo. Deberían concertarse clínicas privadas abortistas para que fueran allí los estudiantes y observaran en grupo -como hacen en otras prácticas- cómo le extraen el hijo a una mujer embarazada. ¿En qué situación quedaría esa mujer cuando algo tan personal y doloroso se expusiera públicamente, aunque sólo fuera a estudiantes?
Mirado desde otro punto de vista, cuando terminan sus estudios los recién graduados no han asistido (ni por supuesto, están mínimamente capacitados para ejecutarlas) a buena parte de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes. Este conocimiento y capacitación se adquiere posteriormente y, en el caso de Medicina, en función de la especialización escogida. La orden ministerial que regula los nuevos requisitos de los diferentes planes de estudios elaborados por las universidades para la obtención del Grado en Medicina (BOE del 15/02/2008) solo exige unas competencias mínimas genéricas, cuya prioridad y desarrollo dependen de las propias facultades. Habría que elaborar una nueva orden que incluyera una competencia específica. ¿Y quién puede pretender que no se garantice durante el periodo universitario la asistencia a un parto normal y sí a un aborto?
Está claro que el articulado de la Ley muestra una intención camuflada: modificar poco a poco la percepción que los sanitarios tienen del aborto al estar incluido de forma específica y prioritaria en el temario. Ante esto, ¿cuál debe ser la respuesta? Desde mi punto de vista la solución nos la da la propia regulación académica. En el anexo a la orden ministerial antes citada sobre las competencias que los estudiantes de Medicina deben conseguir se especifica: “Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos”. Estas competencias no se alcanzarán de forma transversal, afectando a todas las asignaturas, sino que se concretarán en un temario que, al menos en Córdoba, se incluirá dentro de una asignatura más amplia: Medicina Legal y Ética.
Si existe una buena base en el conocimiento de ética y bioética la conciencia permanecerá intacta. Exijamos una enseñanza de calidad que profundice en estos aspectos y el aborto se estudiará en breve dentro de la asignatura Historia de la Medicina, como algo superado y pretérito, propio de una sociedad descreída e insolidaria.


Julio M. Ortega CarpioOtorrinolaringólogo. Profesor Asociado U.C.O.

Asociación Foro Erasmo

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